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El independentismo en Cataluña, o sobre el negocio de tener un Estado propio

16 de noviembre de 2012

Es noticia de portada en los medios no sometidos a vinculaciones políticas en España. Según la información destapada por El Mundo y Libertad Digital, de la que se hacen eco otros medios (por ejemplo, La Gaceta), el borrador del informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía revela que parte del 4% de los contratos públicos que las empresas pagaban en comisiones ilegales a Convergencia Democrática de Cataluña (el partido independentista catalán que ha gobernado la Comunidad autónoma de Cataluña durante la mayor parte de los últimos 30 años, junto con Unión Democrática de Cataluña), iban directamente a cuentas del actual presidente del gobierno de Cataluña, Arturo Mas, y a la familia del anterior presidente del mismo gobierno, Jordi Pujol.

La familia Pujol disponía de tres cuentas numeradas y dos cajas de seguridad en Lausana (Suiza). Al ex presidente catalán, según la Policía, se le vincula con un patrimonio valorado en cientos de millones de euros. La familia Pujol posee inversiones multimillonarias. Pujol padre compró el 30% de Puerto Madero, (Argentina), según señala el informe de la UDEF. Para desembolsar la una cantidad tan considerable fue utilizada la entidad de banca privada Cantrade Lausanne. Además de las cuentas suizas de los Pujol, la Policía ha detectado otras dos de procedecia inglesa, en el Bank of Scotland de Londres y en el Lloyd’s Bank de Ginebra. Pujol hijo y hermanos, son -según Libertad Digital-, titulares de al menos 73 empresas registradas en España, más otras tantas en el extranjero valoradas en varios millones de euros.

La familia Mas también se vio en los últimos años envuelta en turbios asuntos económicos. El padre de Artur Mas, Artur Mas Banet -recientemente fallecido-, nunca justificó el origen de los dos millones de euros que reconoció haber acumulado en Liechtenstein y en Suiza tras ser descubierto por la Agencia Tributaria. Mas Barnet no llegó a ser juzgado por este hecho porque el juez aceptó la prescripción del delito fiscal en noviembre de 2010 y lo regularizó con Hacienda. Los bienes en el extranjero del progenitor del presidente en funciones de la Generalitat afloraron en 2008, cuando el Gobierno alemán compró el disco robado con nombres de personas con cuentas en el citado Principado.

La corrupción institucionalizada es en Cataluña, según esta y otras informaciones de los últimos años, el pan nuestro de cada día, en una clase política que ve la posibilidad de la independencia de Cataluña como una forma de aumentar de manera exponencial su poder, sin límite ni control externo, también económico.

Resulta fácilmente comprensible el interés de ciertas personas, partidos y demás entidades que forman parte de la galaxia independentista, de secesionarse de España: ¿quién iba a controlar sus desmanes? ¿la policía autonómica llamada Mossos d’Esquadra, que está sometida al dictado político nacionalista? ¿Un poder judicial donde parece que la catalanidad (incluida la lingüística) es condición necesaria para se miembro del mismo?

Mientras Cataluña esté unida a España, al menos, habrá para los catalanes alguna esperanza de que la corrupción institucionalizada sea perseguida, aunque implique a sus más altas autoridades. Sin esta posibilidad, el estado de derecho es una mera ficción peligrosa.

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