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Hacia un concepto común (ideológico) de familia en Europa

14 de noviembre de 2012

Aunque la Unión Europea tiene muy limitadas competencias en materia de familia, muchos de sus esfuerzos políticos y legislativos van dirigidos a perfilar una noción “europea” de familia, que dista mucho de la familia natural, y que presiona, además, a los estados que conciben la familia como una realidad basada en la unión entre un varón y una mujer, para que modifiquen sus legislaciones.

El Artículo 81.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que “(…) El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá adoptar una decisión que determine los aspectos del Derecho de familia con repercusión transfronteriza que puedan ser objeto de actos adoptados mediante el procedimiento legislativo ordinario. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. (…)”.

En esta materia son de extraordinaria relevancia las referencias contenidas en la Carta Europea de Derechos Fundamentales (explícitamente, en los Artículos 7, 9 y 33) en relación con la prohibición de discriminación por “orientación sexual” (Artículo 21.1).

La “Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas(publicada el pasado 6 de marzo de 2011) cuyo Artículo 2.b define la «unión registrada» como “régimen de vida en común entre dos personas contemplado por la ley y registrado por una autoridad pública” permite igualmente la inclusión de la unión homosexual bajo su ámbito de aplicación.

Una propuesta similar pero en materia de regímenes económico matrimoniales ya nos previene de que los órganos jurisdiccionales no deben invocar la excepción de orden público para descartar la ley de otro Estado miembro, ni negarse a reconocer o ejecutar una resolución dictada, un documento público con fuerza ejecutiva o una transacción judicial establecidos en otro Estado cuando la aplicación de dicha excepción sea contraria a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, a su artículo 21, que prohíbe cualquier forma de discriminación”: o sea, que un Estado (por ejemplo, Malta) no puede negarse a aplicar la ley española sobre el régimen económico de los matrimonios homosexuales alegando la vulneración de su orden público.

El Libro Verde de la Comisión Europea titulado Menos trámites administrativos para los ciudadanos: promover la libre circulación de los documentos públicos y el reconocimiento de los efectos de los certificados de estado civil”, 14 Diciembre 2010) es la que pretende que los documentos públicos sobre el estado civil de las personas en cada Estado miembro sean automáticamente reconocidos por el resto de Estados: ello significaría, en el caso de los matrimonios homosexuales, que los homosexuales casados en los países miembros que reconocen tales uniones deben ver reconocida su condición de “cónyuges” en el resto de Estados miembros, aunque no tengan tal legislación o incluso aunque sea contrario a su orden público.

Pero también hay otros ámbitos de competencia de la Unión que afectan a la familia y el matrimonio: por ejemplo, lo relativo a la regulación de la migración (Artículo 79.2 a) del mismo Tratado). Así sobre la base de la competencia migratoria, la UE aprobó la Directiva 2003/86/CE de reunificación familiar, que recoge un concepto de familia que incluye a tales efectos la pareja no casada nacional de un tercer país que mantenga con el reagrupante una relación estable debidamente probada, o del nacional de un tercer país que constituya con el reagrupante una pareja registrada”.

También encontramos una descripción de quién es considerado “miembro de la familia” en la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, que incluye a las parejas de hecho (Articulo 2 b).

En estas normas y textos, y en otros tantos en los que cabe introducir alguna cláusula de protección de las uniones de hecho y homosexuales, la Unión Europea se muestra particularmente favorable a hacerlo, con el objeto de puentear los derechos internos y favorecer una comprensión del matrimonio y la familia alejadas de la concepción natural más respetuosa de la dignidad humana. Para tal labor, la asistencia de agencias como a Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA, Fundamental Rights Agency) es de inapreciable ayuda ideológica.

 

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