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El miedo de los políticos a la democracia directa

3 de octubre de 2012

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Ciertamente, la democracia es en la mayoría de los casos un sistema de representación, a través de elecciones periódicas de candidatos por parte del cuerpo político, y muy excepcionalmente incorpora la decisión directa de los ciudadanos sobre los asuntos públicos a través de referendos o votaciones. Suiza es la gran excepción en Europa. En países de ciertas dimensiones, una constante apelación a votar en cada uno de los temas que se incorporan a la agenda política sería no solo desaconsejable, sino inviable incluso en términos económicos. Pero no menos cierto es que las cuestiones centrales del debate social relativas a los valores más básicos a defender y promocionar y a las estructuras constitucionales de un país, no pueden quedar en manos exclusivamente de las decisiones políticas adoptadas por unas decenas o cientos de representantes, muchas veces presionados por grupos de intereses y activismos radicales. Ahí la introducción prudencial de los referendos es, en buena parte de los casos, no sólo aconsejable, sino necesaria. Es lo que se debate ahora mismo en la escena política francesa, donde existe una iniciativa para que se someta a referéndum la propuesta legislativa relativa al (mal) llamado “matrimonio homosexual”, que Hollande pretende aprobar próximamente. Según una encuesta encargada por Alliance Vita a IFOP, dos de cada tres franceses son favorables a un referendum sobre la propuesta de ley de “matrimonio” homosexual.[1] Ya se ha lanzado incluso una página web para la recogida de firmas.[2]

La democracia directa tiene algo de “incontrolado”, imprevisible, sobre todo cuando no han existido votaciones directas previas sobre temas similares. Existe, por ello, un cierto temor a su uso en la clase política y con frecuencia se evita por tal motivo (salvo los casos en los que es jurídicamente imperativo). Pero lo que carece de sentido por completo es excluir totalmente la posibilidad del referendo cuando se trata de cuestiones éticas en las que es evidente que existe una gran diferencia entre las posiciones minoritarias de las elites dirigentes (favorecidas por activistas radicales) y la sociedad en su conjunto. La ética no es una cuestión de mayorías, ciertamente, pero estamos demasiado acostumbrados en Europa a que la ley (aprobada por mayorías parlamentarias, en ocasiones, escasamente mayoritarias o fundadas en intereses contingentes) sustituya a la ética. Uno de los recursos para que la ética vuelva a presidir la legislación y la política, es precisamente, la palabra directamente pronunciada por las sociedades que no se sienten identificadas con la constante manipulación y transgresión (en la ley) de sus valores morales.Y no solamente a través de las elecciones cada cuatro o cinco años, sino cotidianamente a través del compromiso y la participación política en la defensa públicas de los auténticos y genuinos valores éticos basados en la naturaleza y la dignidad de la persona humana.

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