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La religión, mucho más que un asunto privado

18 de septiembre de 2012

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 5 de septiembre de 2012 [1] dictada en el caso República Federal de Alemania / Y y Z (en los asuntos acumulados C-71/11 y C-99/11), la libertad religiosa tiene dos dimensiones esenciales: la privada y la pública. En este caso, el Tribunal interpreta los motivos que permiten acoger como refugiado a un extranjero (Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004) que padece persecución por sus creencias religiosas, sosteniendo que la manifestación pública de la religión, cuando origina una persecución seria en el país de origen, obliga a calificar al perseguido como refugiado, si busca dicha protección internacional en un país miembro de la UE.

La sentencia, parte de la premisa de que la libertad de religión constituye uno de los pilares de una sociedad democrática y es un derecho humano fundamental (par. 57), reconocido tanto en la Carta Europea de Derechos Fundamentales (Art. 10.1) como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Art. 9). Ambos textos, la Carta y el Convenio, incluyen dentro de la libertad religiosa y con idéntica dicción, “la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado (…)”.

El problema interpretativo proviene de que en algunos círculos políticos y académicos, se pretende reducir la religión a la esfera privada (casa y templo), de modo que dada la claridad de los textos jurídicos mencionados sobre la dimensión pública del derecho a la libertad religiosa, se busca una –artificial- distinción entre el estatuto jurídico y nivel de protección de la dimensión privada y pública de la religión, afirmando que esta última no es esencial. Sin embargo, ante tal pretensión,  la respuesta del Tribunal de Luxemburgo es rotunda: ambas son consustanciales a lal libertad religiosa: “No es pertinente”, afirma el órgano judicial, “distinguir entre los actos que pudieran afectar al contenido esencial («forum internum») del derecho fundamental a la libertad de religión, que no comprendería las actividades religiosas en público («forum externum»), y aquellos que no podrían afectar al supuesto contenido esencial” (par. 62). Las autoridades nacionales no pueden esperar razonablemente que una persona, para evitar un riesgo de persecución, renuncie a la manifestación o a la práctica de determinados actos religiosos. Ambas esferas son dimensiones constitutivas de una única libertad religiosa, de modo que, indistintamente, vulneran los tratados internacionales de derechos humanos los actos y políticas que cercenan una u otra esfera. Es más, el fuero externo de la religión no puede reducirse al culto y los ritos, sino que como afirman la Carta y el Convenio (y otros tantos tratados internacionales), puede legítimamente desplegarse en otros ámbitos como por ejemplo, la enseñanza.

Por otro lado, la dimensión pública de la religión puede incluir también “la observancia de una práctica religiosa (que) no constituya un elemento central para la comunidad religiosa afectada”, siempre que revista una “especial importancia para el interesado a efectos de conservar su identidad religiosa” (ap. 70). Es el caso, por ejemplo de la Sra. Eweida (empleada de British Airways) y la Sra. Chaplin (una enfermera de geriatría) que han demandado al Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la prohibición laboral de llevar una cruz cristiana alrededor del cuello (la audiencia tuvo lugar el 4 de septiembre de 2012). La argumentación recogida en sentencia del Tribunal de Luxemburgo debería jugar un papel importante en la decisión final del Tribunal de Estrasburgo, sobre todo en un momento como este, en el que se pretende un progresivo acercamiento institucional de ambos órganos judiciales.

Es obvio que, por razones de coherencia, las políticas y decisiones legislativa de la Unión Europea y de sus Estados Miembros deben extraer las debidas consecuencias prácticas de los razonamientos aportados por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, de modo que más allá del ámbito de asilo, la libertad religiosa debe ser tutelada en su dimensión pública.

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