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La libertad de movimiento en un Chipre dividido

7 de septiembre de 2012

Un tema de política internacional (y europea) para iniciar este blog: la libertad de circulación en Chipre (Estado miembro de la Unión Europea), y las dificultades de las autoridades religiosas cristianas para ir al norte, parte invadida por Turquía (país candidato a la UE) desde 1974.

El análisis y la información procede de un artículo de José Luis Bazán publicado en la newsletter “Europe-infos”:

(original en inglés: http://europe-infos.eu/europeinfos/en/archive/issue152/article/5073.html?SWS=fa8940620f80874610d86e9f01db71a0)

“La libertad de movimiento en un Chipre dividido”
 
El respeto del Derecho Internacional y los Derechos Humanos debe ser la prioridad en el enfoque de la UE respecto de la cuestión chipriota.
 
En 1974, Turquía (país candidato a la adhesión a la UE desde 1999) invadió Chipre (Estado miembro de la UE desde 2004). Para hacer frente a esta situación paradójica, desde que Chipre se uniera a la Unión Europea, el Reglamento (CE) 866/2004 (también llamado el “Reglamento de la Línea Verde”) ha definido los términos en que las disposiciones de Derecho comunitario son aplicables a la circulación de personas, bienes y servicios a través de la línea entre las zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno no ejerce un control efectivo y las zonas en las que opera.
 
Con respecto a la circulación de personas, según la Comisión Europea, en su octavo informe sobre la aplicación del Reglamento (1 de junio de 2012), la evaluación global de los cruces de la línea divisoria durante el año 2011 es positiva: 621.406 cruces de grecochipriotas se observaron a partir de las zonas controladas por el Gobierno a la parte septentrional de Chipre y 937.789 cruces de turcochipriotas de la parte norte de Chipre a las zonas controladas por el Gobierno durante el período de referencia. Por otra parte, se ha detectado una disminución de la migración irregular a través de la línea divisoria desde la parte norte de Chipre a las zonas controladas por el Gobierno (1.330 migrantes irregulares fueron aprehendidos en las zonas controladas por el gobierno, en contraste con el número anterior de 1.855). Pero no debemos olvidar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos – ver sus dos principales casos Loizidou v Turkey (1996) y Chipre v Turquía (2001) – condenó a Turquía por, entre otras razones, una violación continuada del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, con motivo de su negativa a permitir el regreso de alrededor de 180.000 greco-chipriotas desplazados de sus hogares en el norte de Chipre.
 
La línea divisoria entre la parte greco-chipriota y el territorio bajo el control de las autoridades turco-chipriotas es también el límite entre las comunidades religiosas (cristianos, en su mayoría ortodoxos) y musulmanes). Han surgido nuevas tensiones debido a la denegación de acceso por las autoridades de la llamada “República Turca del Norte de Chipre” – reconocida sólo por Turquía, e ilegalmente proclamada de acuerdo con la Resolución 541 (1983) del Consejo de Seguridad de la ONU – a algunas autoridades eclesiásticas cristianas. Los recientes casos notorios de Christoforos, Obispo de Karpasia, Obispo Porphyrios de Neapolis y el Padre Diomodis Konstantinou, de la Iglesia ortodoxa de Chipre, dieron lugar a algunas preguntas en el Parlamento Europeo durante el año 2012, con respuestas muy breves y suaves por parte de la Comisión Europea. Además, la última Cumbre UE-Turquía, celebrada el 22 de junio 2012 mostró tanto la firme voluntad del Gobierno turco de mantener su posición sobre la cuestión chipriota como la debilidad política de la Unión Europea en utilizar su autoridad para proteger a un Estado miembro: al final, expresar simplemente “serias preocupaciones” y “llamar a que se respete plenamente el papel de la Presidencia del Consejo” – como hizo la UE – no es suficiente y se esperan más acciones de las autoridades de la UE.
 
La libertad de movimiento de los clérigos y los fieles cristianos y su acceso a la parte turco-chipriota del país es un problema importante de derechos humanos, además. De hecho, es raro tal unanimidad internacional (Estados y organizaciones internacionales) en un caso como el de las prácticas ilegales de Turquía y de las autoridades turco-chipriotas sobre varios derechos humanos (libertad de religión, la propiedad, privacidad, etc.) relacionados con la libertad de movimiento de los griego-chipriotas respecto de la parte ocupada de su país.
 
Cualquier futura solución de la cuestión chipriota debe tener en cuenta la ilegalidad declarada internacionalmente, tanto de la ocupación de la isla como de la creación de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), y los derechos de los expulsados ​​griego-chipriotas del norte de su país. Aunque la República de Chipre es un Estado reconocido internacionalmente – un miembro de la ONU desde 1960 y un Estado miembro de la UE desde 2004 – la RTNC es una entidad de hecho, jurídicamente inválida y con la falta de reconocimiento unánime por la comunidad internacional y las organizaciones internacionales. Aunque la libertad de movimiento es, en sí misma, un principio positivo en las relaciones entre las dos comunidades chipriotas, no debe ser usado para dar fuerza legal a situaciones ilegales o para reforzar una política de colonización.
 
El libre acceso de los líderes religiosos cristianos de los lugares religiosos del norte y en las comunidades cristianas deben ser vistos por la UE como una cuestión de asuntos de interior, y una cuestión de derechos humanos internos. La libertad de movimiento no puede ser considerada como positiva si estos (y muchos otros casos generales) no se solucionan.”

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